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Bancos y constructoras reclaman al Gobierno mayor inversión en concesiones
Piden la entrada de la iniciativa privada en proyectos como escuelas, cárceles u hospitales.
Análisis de la Cooperación Pública Privada (CPP) por país y sector.
Alfonso Pérez
Madrid. Empezaron siendo 12 a principios del verano y en menos de seis meses ya son 33 las entidades –españolas y extranjeras- que se han unido entorno a la plataforma Foro PPP para convencer a las distintas administraciones públicas de la necesidad de incrementar la participación del capital privado en la financiación, construcción y gestión de infraestructuras.
“Hay que hacer presión y colaborar con la administración para que aumente la tarta de concesiones”, afirma Pedro Michelena, presidente de la asociación de la que forman parte los grandes bancos con intereses en el negocio concesional (BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Ahorro Corporación, Unicaja, Sumitomo Mitsui, el alemán IKB o el británico RBS), despachos de abogados (Garrigues, Cuatrecasas, Gomez-Acebo & Pombo, Allen & Overy), firmas de project finance (Bovis Lend Lease) y, como no, las constructoras e ingenierías (Isolux Corsán, Cointer, Veolia, Degremont, Inypsa, Prointec, Elecnor, etc).
Estas últimas temen que el final de los fondos europeos y del boom inmobiliario les pase factura. De ahí que reclamen más proyectos de inversión en régimen de concesión.
En los últimos meses, Michelena y otros responsables de Foro PPP han mantenido encuentros con representantes del Ejecutivo central, así como de gobiernos regionales y ayuntamientos. Unos encuentros que se intensificarán en los próximos meses. “Nuestro objetivo es que el Gobierno, comunidades y Ayuntamientos se decidan a hacer más proyectos de colaboración público-privada (también conocidos como PPP, por sus siglas en inglés) y en mejores condiciones”, explica Michelena.
Es lo que ha ocurrido en el Reino Unido, que en menos de dos décadas se ha convertido en el mercado concesional más desarrollado del mundo. En Inglaterra, la financiación, construcción, mantenimiento y gestión de las autopistas, ferrocarriles, escuelas, cárceles, hospitales, instalaciones deportivas o de defensa está en manos privadas. Según un estudio de PriceWaterhouseCoopers, en el Reino Unido se cerraron dos terceras partes de los proyectos PPP realizados en Europa en la última década, con un valor superior a los 100.000 millones de euros.
Una situación que contrasta con la de España –con el 10% de los proyectos- donde sólo se ha logrado un alto desarrollo en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas (desaladoras y depuradoras, principalmente) y de transporte (autopistas, aeropuertos, etc) Y eso a pesar de que las constructoras y concesionarias españolas se encuentran entre las mayores del mundo, hay un marco legal estable y uno de los sistemas financieros más desarrollados a nivel mundial.
Por este motivo, bancos, constructoras y demás sectores integrantes de la asociación aseguran que España debe seguir el modelo británico y dar el salto a otros ámbitos como el alumbrado, cárceles, construcción de viviendas protegidas, hospitales, etc.
“Hay que dar el salto y estamos en condiciones de hacerlo ya que tenemos la experiencia, el conocimiento y los recursos financieros necesarios para ello”. Pero por ahora, son algunas comunidades autónomas y ayuntamientos los que están dando los primeros pasos. La comunidad de Madrid, por ejemplo, estudia la construcción de escuelas en régimen de concesión, después de haber hecho lo propio con ocho hospitales. Y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón concesionó el mantenimiento de la M-30 y estudia privatizar ahora el alumbrado de la capital de España. En Andalucía, hay planes en el ámbito judicial, campo en el que Cataluña está activa.
“Es un proceso imparable”. A las distintas administraciones no les va a quedar más remedio que recurrir al capital privado para desarrollar nuevas infraestructuras, teniendo en cuenta el final de las ayudas comunitarias a España y el control férreo de Bruselas sobre el déficit público. “Los recursos públicos son siempre escasos y, sin embargo, la demanda de servicios en sanidad, educación o infraestructuras sigue creciendo exponencialmente”, afirma.
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