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>>>Los bares y las tiendas de informática acusan a la SGAE de financiar al PSOE
La guerra contra el canon digital podría acabar salpicando a los grandes partidos políticos, especialmente al PSOE. Dos organizaciones empresariales -la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache)- presentaron el lunes una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se investigue a la SGAE y el resto de entidades que gestionan los derechos de autor.
La denuncia se debe a su sospecha de que estén incurriendo en "financiación irregular directa del PSOE y CiU e indirecta de diversos partidos, lo que afectaría a su independencia".
Los denunciantes, que aseguran actuar en nombre de 770.000 personas y más de 3.000 firmas colectivas, consideran que los representes de los autores estarían per- donando el canon a los grandes partidos y financiando además proyectos de algunas fundaciones cercanas a ellos. Es el caso de Faes en el Partido Popular y de las fundaciones Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias en el PSOE. "Hay financiación directa de las entidades, fundaciones y organizaciones paralelas vinculadas a los partidos políticos y por lo tanto financiación encubierta de los mismos", se asegura en la denuncia.
Deudas perdonadas
Las dos asociaciones explican que "la actual normativa impone un canon digital de hasta 1,2 euros por cada DVD adquirido, comprado o repartido, independientemente de cual sea su contenido" y la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, estaría perdonando gran parte de los importes sujetos a esta tasa.
Para ello aporta pruebas y documentos de algunos vídeos electorales realizados por el PSOE, CiU y, en menor medida, el PP. Y todo ello, según dicen, "aprovechando la situación de absoluto predominio en el mercado y estableciendo precios para los partidos políticos 50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".
Apemit, que representa fundamentalmente a las tiendas de informática, y Vache, que defiende los intereses de los bares y restaurantes, solicitan al Tribunal de Cuentas "la publicación de todos los contratos, convenios y acuerdos en- cubiertos" entre los partidos políticos y las entidades que gestionan los derechos de autor.
Las dos asociaciones mencionadas ha denunciado también a la SGAE junto a la Asociación de Internautas ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue presuntas prácticas delictivas en el desarrollo de su actividad.
Además de crear un imperio empresarial para beneficiar a sus directivos, la sociedad cuenta también con propiedades inmobiliarias de valor incalculable en todo el mundo. Hasta ahora, el PSOE ha sido el más firme defensor del canon digital, aunque tanto el ministro de Industria, Joan Clos, como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han reconocido ya en varias ocasiones que "en el futuro podrían estudiarse otras alternativas". El PP, en cambio, se ha mostrado en contra de la tasa, proponiendo la creación de una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual para supervisar las cuentas de la SGAE.
Tal y como adelantó elEconomista el 11 de enero, la última vez que el Ministerio de Cultura auditó las cuentas de la SGAE , según establece la Ley de Propiedad Intelectual, fue hace diez años. El Ejecutivo de Zapatero se escuda en un vacío legal para mantenerse al margen y no hace nada para subsanarlo.
La ley de 1996 establecía que "el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar a un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos". El problema surgió cuando Cataluña y el País Vasco recurrieron al Constitucional para exigir esa potestad y, aunque el Tribunal les dio la razón, el Gobierno no cambió la ley. |
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