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La obligación de contar con este préstamo es una de las "numerosas" condiciones que contempla dicha refinanciación, y su no obtención "podría ser causa del vencimiento anticipado del mismo", según explicó la inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín en un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A las 12,30 horas de este viernes, Martinsa-Fadesa cotizaba en el mercado bursátil a 10,97 euros por acción, con un descenso en el valor del 25,17 por ciento respecto al precio de 14,66 euros por títulos al que cerró ayer.
Martinsa-Fadesa firmó el pasado mes de mayo con 45 entidades financieras la refinanciación de 4.000 millones de euros de la deuda total de 5.100 millones que soporta la compañía. El contrato preveía la obligación de obtener un préstamo adicional de 150 millones de euros de una entidad financiera que opere en España.
Las principales cajas acreedoras de Martinsa- Fadesa esperaban que el ICO “echara un capote” a la inmobiliaria ante la intensidad de la crisis que asola al mercado. La deuda que la compañía refinanció constituye el grueso de los 5.100 millones a los que actualmente asciende el endeudamiento de la inmobiliaria.
Del monto total, 2.579 millones corresponden al crédito que se firmó para comprar Fadesa y otros 1.422 millones a la refinanciación de la deuda operativa de la sociedad a corto plazo. El resto corresponde en su mayor parte a deuda de promotor, la que se traspasa al cliente cuando compra la vivienda.
Estas entidades financieras, entre las que se incluyen La Caixa, Caja Madrid, Caixa Galicia, Unicaja, Caja de Ahorros de Navarra, Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), han mostrado su preocupación por la situación de iliquidez que padece la compañía y que, en su opinión, podría arreglarse fácilmente “si la institución encargada de gestionar el crédito oficial colabora para llenar lo que se entiende como un vacío de mercado».
El ICO no firma el préstamo
Fuentes del ICO confirmaron a LD que “no se ha firmado” el citado préstamo, si bien explicaron que este tipo de acuerdos “son confidenciales”. "No podemos informar de las negociaciones que se realizan para obtener un préstamo de este tipo", añadieron.
Según los acreedores las condiciones de refinanciación establecían un plazo máximo de dos meses para cumplir tres condiciones: un plan de viabilidad, una ampliación de capital con recursos propios y el citado crédito del ICO por un importe de 150 millones de euros.
Agentes financieros consultados explican que “todo el mundo está pendiente” de la decisión del organismo público de crédito, ya que este eventual rescate podría sentar un peligroso precedente en el mercado.
La entidad que preside Fernando Martín culminó la refinanciación de su deuda, por importe de 4.000 millones de euros, en mayo pasado. Tras varios meses de intensas gestiones, la inmobiliaria aseguró su futuro con unas condiciones que le permitían un interesante balón de oxígeno, al menos hasta finales de año.
Sin embargo, la parálisis que asola al sector de la vivienda ha provocado que Martinsa no pueda subrogar algunos de sus créditos a los potenciales clientes, lo que exige un nuevo esfuerzo financiero que es imposible abordar con los actuales acreedores.
Ajuste de plantilla
Según publica este viernes el diario ABC, el ICO “había dado ciertas esperanzas a la inmobiliaria pero la presión política ha abierto en los últimos días un compás de espera en las gestiones con la entidad oficial”. Los acreedores de Martinsa temen una situación crítica que coincide, además, con el inicio de las negociaciones sindicales sobre el ajuste de plantilla.
La amenaza de un procedimiento concursal ha sido desmentida desde la propia empresa pero a algunas de las cajas mencionadas “la camisa no les llega al cuello”. El fantasma de la suspensión de pagos sobrevuela a los directivos de la compañía. De momento, la empresa tendrá que reducir puestos de trabajo.
El próximo martes, 15 de julio, se establecerá el calendario de reuniones para tratar el expediente de regulación de empleo (ERE) y se conocerá el número definitivo de trabajadores que se verán afectados por él.
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