El consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, consideró hoy un "despropósito" que se reduzcan los incentivos por garantía de potencia a las eléctricas en casos como las plantas de fuel situadas cerca de grandes centros de consumo y de importancia estratégica para el sistema.
Las modificaciones acerca de la garantía de potencia introducidas en el último Real Decreto sobre tarifas no son "adecuadas ni en la forma ni en el fondo" y este asunto se deberá considerar "con mucha seriedad", a pesar de que su importancia en términos de ingresos --unos 900 millones para todo el sector-- es "pequeña" si se compara con la facturación total de las eléctricas, de 30.000 millones, señaló.
Para López Isla, reducir las exigencias de disposibilidad de plantas como las de fuel, de costes bajos, es "negativo" en el contexto actual, en el que se fomenta la energía "no garantizada", como las renovables.
En todo caso, el consejero delegado de la eléctrica señaló que era "necesario" reformar el sistema de garantía de potencia y establecer criterios para primar la disponibilidad de las plantas. Además, cifró en entre 35 y 40 millones la posible incidencia de los cambios en las cuentas de resultados de su compañía, aunque insistió en que esta cantidad responde sólo a una estimación.
RESPONSABILIDAD POLITICA PARA LAS ELÉCTRICAS.
Por otro lado, López Isla se mostró de acuerdo con la voluntad del Gobierno de eliminar la tarifa eléctrica y transitar hacia el mercado liberalizado, pero discrepó del principio de "responsabilidad política" invocado en la última orden ministerial para congelar las tarifas. Esta responsabilidad política, señaló, no sólo debería ir dirigida a los clientes, "sino también hacia las empresas y el sector", señaló.
En cuanto a la aprobación del Plan Nacional de Asignación de emisiones de dióxido de carbono 2008-2012, el directivo reconoció que existe cierta "incertidumbre" acerca de los nuevos mecanismos, aunque valoró positivamente la idea de que "se ponga una regla, sea la que sea".
La orden ministerial sobre tarifas eléctricas del 1 de octubre establece el sistema de Pagos por Capacidad en sustitución del de la garantía de potencia con el objetivo de resolver las deficiencias que este mecanismo presentaba y evitar problemas de suministro a medio y largo plazo.
La nueva norma intenta ligar la evolución de los incentivos a la inversión con un índice de cobertura conocido que aproxime la necesidad de potencia esperada en un horizonte temporal futuro, e impone condiciones más exigentes a las empresas en la prestación de los servicios de disponibilidad de potencia.
De esta manera, se prevé una reducción de los costes soportados por los consumidores desde los 1.200 millones de euros del año 2006 a una cifra de cerca de 300 millones de euros para el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo.
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29/08/08 